06 de noviembre de 2015
Iguala ha resquebrajado inercias y construido esperanzas. Acicateados por los extranjeros, estamos conociendo la verdad, un requisito indispensable para acercarnos a la inexistente justicia.
Stanley Cohen, teórico de las negaciones, hace una taxonomía en torno a las maneras de reaccionar de los gobiernos ante los informes sobre las violaciones a los derechos humanos. En un extremo están el silencio y la indiferencia, mientras que en el otro se hallan la aceptación de que hubo agravios y la voluntad de hacer correcciones. En Iguala se observa el camino recorrido por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un tránsito positivo, aunque incompleto.
En el inicio, Los Pinos minimizó los hechos, y en diciembre y enero intentó enterrar en sudarios de silencio el tema. No obstante, dio marcha atrás por la trascendencia de un hecho que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) definió como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos (…) de cuantos haya memoria reciente en este país”. Pese a la gravedad de lo ocurrido, de no haber sido por la resistencia de los padres de las víctimas, por la solidaridad nacional e internacional y por las acciones de gobiernos y organismos multilaterales, habría prevalecido el desdén hacia el caso. Me centro en estas últimas.